Cómo han cambiado las cosas desde el 2020, y con qué vertiginosa celeridad. Temas tan polémicos como la identificación digital, los controles biométricos, el dinero digital o las ciudades de 15 minutos pretenden implantarse de forma tan rápida, como opaca, al margen del debate público. Al mismo tiempo, crece el nº de ciudadanos que considera estas herramientas como instrumentos de control y parámetros de puntuación para sistemas de crédito social.

Cada día son más las protestas ciudadanas frente a la implantación de estas medidas de control. La dinámica suele ser la misma, te lo venden como avances, como comodidades para el día a día, pero finalmente van acotando tus márgenes de acción y tus libertades. La semana pasada volvimos a sufrir un ejemplo de lo que ocurre, cuando el sistema informático colapsa y sólo queda el efectivo.

Pero cuando no funciona el relato, te arrean con la coerción. Hace unos días el Primer Ministro británico, afirmaba que la nueva ID digital estaría vinculada a tu dinero, pero no clarifica que detrás se esconde la instauración de un sistema de crédito social, en el que serán castigados los ciudadanos que “no sean buenos” y no cumplan las normas. Un ejemplo de esto es el bloqueo de cuentas corrientes por el gobierno de Toronto, cuando los camioneros canadienses se enfrentaron en defensa de sus legítimas libertades.

El sábado 18 de octubre, miles de británicos se manifestaron contra el gobierno de Keir Starmer, frente a la imposición de su nuevo sistema de control digital. La protesta, que concluyó frente a los edificios gubernamentales de Whitehall, fue supervisada de cerca por un importante despliegue policial. El movimiento «Mass Non-Compliance», organizador de la manifestación, también ha denunciado las amenazas del gobierno británico de multas de 85 libras para quien se oponga a la monitorización por su móvil. Miles de británicos lo tienen claro, ni identidad digital, ni eliminación del efectivo, ni chat control.

Para entender adecuadamente los niveles de represión que se están alcanzando en Reino Unido, la policía arrestó en 2023 a alrededor de 12.200 ciudadanos por publicar mensajes considerados «ofensivos» en redes sociales. Si sacamos la media, estamos hablando de más de 30 detenciones diarias, según datos oficiales obtenidos por “The Times” y en su gran mayoría son “delitos de opinión”. Los comunistas chinos no publican datos sobre esto , pero no creo que se queden muy atrás. Así, los de la blanca Albión lideran la lista mundial de persecución de opiniones en internet, muy por delante incluso de países tan democráticos como Arabia Saudí, Venezuela o Irán.

Los totalitarios del gobierno británico castigan con la Communications Act 2003 (sección 127) y la Malicious Communications Act 1988, que determinan que es ilegal publicar cualquier mensaje «gravemente ofensivo» o de carácter «indecente, obsceno o amenazante». Al igual que siempre, el problema es quien determina lo que es ofensivo o amenazante, dado que la experiencia real confirma el sesgo ideológico que se utiliza para reprimir brutalmente cualquier disidencia.

De iure o de facto muchos poderes presionan para encorsetar corrientes de opinión. Ya estamos fatalmente acostumbrados a las cuentas suspendidas en X, antes Twitter, las detenciones a usuarios por sus publicaciones en redes sociales o el papel de las supuestas «verificadoras», empresas que nada autentifican, que sólo manipulan, en pago a las enormes subvenciones que reciben de los gobiernos.

En esta misma línea el Banco Central Europeo (BCE) acelera la imposición del euro digital. La semana pasada en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos (UE), el consejero Piero Cipollone insistió por enésima vez con el discurso de los funcionarios de Bruselas de implantar el Euro Digital. Nos mienten con el ardid de que el euro digital sería complementario al efectivo y que el BCE no tendría acceso a los datos de pagador y receptor, prometiendo además un modo «offline» para preservar la privacidad, pero no es difícil atisbar que la nueva moneda digital podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva y, poco más tarde de elemento de presión.

Desde la Unión Europea parece que tienen como primordial objetivo el control. En septiembre, el Tribunal de Apelación de Berlín dictó que las plataformas pueden eliminar publicaciones que contradigan las directrices de la OMS, incluso si son veraces. El Tribunal alemán determina que un respetable planteamiento científico puede ser censurado si contradice la consigna de la politizada OMS. Se consagra así la censura previa en sanidad como política europea, aunque sea invirtiendo el método científico: lo que contradice al consenso no se refuta, se borra.

Callar voces disidentes legítimas es la forma más totalitaria de autoritarismo. Estos hipócritas totalitarios están obsesionados con el control, la vigilancia y la supervisión. Por eso, vuelven a la carga con la Ley europea de libertad de prensa, auténtica ley mordaza de ámbito continental, que determina claramente su propósito: ejecutar un entorno mediático sometido a las élites comunitarias y sus verdaderos amos.

Este draconiano reglamento aprobado en marzo de 2024, se ha justificado bajo la coartada de reforzar la transparencia en la propiedad de los medios. También pretende la falacia de una «publicidad institucional equitativa», cuando nuestro país se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo domesticar a los medios, a base de talonario. Pero no les basta, han creado un nuevo Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, por ahora de carácter “consultivo” pero que como veremos en un futuro cercano tiene como verdadero objetivo la censura de contenidos en las grandes plataformas digitales. 

Los comisarios europeos quieren “protegernos” tanto que ya ni siquiera podemos movernos. Su objetivo: recortar libertades bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía. Lo hemos visto con los confinamientos y las limitaciones a la libertad de reunión, con el cordón sanitario contra fuerzas políticas incómodas y ahora con las amenazas directas a la libertad de expresión bajo el paraguas de los «delitos de odio». Hemos pasado de defender la privacidad a tratarla como una amenaza. Cuando todo debe verificarse, todo está controlado y cuando todo está controlado, ya no hay libertad que proteger.

Luis Nantón Díaz