Los políticos y sus “palmeros mediáticos” han diseñado el «delito de odio» como herramienta legal para perseguir y reprimir ideas, para acabar con cualquier disidencia, para cancelar al personal. Sobre todo para frenar a una oposición real, generada por el caos, la desintegración y la pobreza que han provocado. El “delito de odio” es un eufemismo para no decir “sólo puedes opinar si piensas como nosotros”. Si tu parecer no encaja con el discurso oficial, con el pensamiento único,  debes callarte.

Un buen ejemplo, y son muchos, de Ministerio de la Verdad es el gobierno alemán. Con el auge imparable del ya primer partido AFD, han vuelto a desplegar su maquinaria policial frente a los «delitos de odio» en Internet. En solo dos días, y en concurso amedrentador, la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) ha coordinado 170 registros en todo el país, bajo la acusación de «odio e incitación» en redes sociales. Pese a que el país sufre una creciente violencia, y una disparada delincuencia en sus calles, a los políticos lo que realmente les preocupa es que aireen sus componendas y trapos sucios.

Entre las medidas adoptadas figuran registros domiciliarios, interrogatorios y otras actuaciones “cancelatorias”, contra ciudadanos sospechosos de haber insultado a políticos o haber realizado comentarios considerados «de odio». Según datos de la Oficina Federal de Policía Criminal, durante 2024 se han registrado ya cerca de 11.000 publicaciones consideradas de odio en internet, lo que supone un aumento del 34% respecto a 2023. Este repunte, admiten las autoridades, obedece a que el gobierno ha multiplicado los medios humanos y económicos para monitorizar las redes sociales. No sea que a la gente le dé por pensar, y además, pretendan divulgarlo. Para estos totalitarios sólo cuenta el pensamiento único.

Es famoso uno de los eslóganes del Ministerio de la Verdad en el 1984 de Orwell: “el que controla el pasado, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado”. Nuestro protagonista es libre en su conciencia, mantiene espíritu crítico, pero debe plantearse “¿dónde consta ese conocimiento? Sólo en su propio cerebro, en su ánimo, en su personalidad, y todo eso va a ser aniquilado próximamente. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el Partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la Historia y se convertía en verdad”. No es suficiente con los manipuladores algoritmos, sino que pretenden el completo dominio de las redes sociales.

EE.UU. es un buen exponente de la libertad de expresión. Una potencia con muchas luces y sombras, pero dónde la ciudadanía defiende con uñas y dientes su libertad. El acoso al que los burócratas de Bruselas están sometiendo a las empresas tecnológicas que operan en redes sociales es dictatorial. Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU denuncia que la Unión Europea está explotando la DSA (Ley de Servicios Digitales) para censurar la libertad de expresión en todo el mundo. Según el informe oficial, esta abusiva normativa digital estaría afectando directamente a contenidos políticos legítimos y a las políticas internas de moderación de plataformas norteamericanas.

La Comisión Europea utiliza la DSA como una «herramienta de censura» que coacciona a grandes tecnológicas como TikTok, YouTube, Facebook, Instagram o X, para que cancelen o suspendan contenidos bajo etiquetas tan dudosas como «discurso de odio», «desinformación»  o «riesgos sistémicos», incluso cuando dichos contenidos no infringen absolutamente ninguna ley.

La investigación cita como ejemplo las intimidatorias directrices recibidas por Meta, Google, Amazon y otras grandes tecnológicas, a las que se ha obligado a censurar discursos políticos incómodos, sátira, memes o mensajes críticos contra líderes, políticos o partidos europeos. Es decir, este invento de la DSA, de la Brújula van der Leyen no se utiliza para proteger a los ciudadanos europeos frente a contenidos nocivos, sino que se está utilizando para «modificar el comportamiento de las plataformas» más allá del territorio de la UE.

¿Qué es lo que hay que monitorizar? ¿Dónde está el descontento? España, un país deprimido a causa del controvertido fenómeno de la globalización; su industria casi desmantelada, su agricultura en vías de desaparición, su sistema educativo a la deriva, su tecnología bajo mínimos, su sector energético dependiente, su soberanía económica inexistente, su clase media empobrecida, su sistema de pensiones en vilo, sus servicios públicos gestionados por inútiles, jóvenes sin trabajo estable ni vivienda propia… 

Todo esto no se inició ayer. Siempre hay un periodo de incubación, una estrategia de demolición precede al estado de cosas actual. Los que dirigen y manipulan el cotarro llevan tiempo transformándolo en una inmensa maquinaria asistencial. En lugar de potenciar y apostar por las expectativas de futuro de una nación repleta de posibilidades, han propiciado una sociedad enferma de ese mal degenerativo que acaba pudriendo el porvenir de las naciones: el silencioso conformismo.

Me pasan la publicidad para el bono joven y se me revuelve el estómago. Las migajas de un subsidio y la muleta de una ayuda social. En lugar de generar las condiciones para crear y multiplicar empleo digno, presumen de aumentar un mes tras otro el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital. Acabamos de superar los dos millones de beneficiarios, y el Gobierno de su Sanchidad, muestra nuestra “pobreza” con orgullo. 

Por toda esta situación, para que las denuncias en redes sociales no inunden sus poco escrupulosos oídos, es para lo que se han inventado los “delitos de odio”. El objetivo es controlar o eliminar todo lo relacionado con las VPN, que es fundamental para la aplicación eficaz de la ley. Esto ha puesto en guardia a los defensores de la privacidad digital y a los activistas por la libertad de expresión en toda Europa. Los burócratas insisten en que su intención no es espiar a los ciudadanos, sino garantizar la seguridad colectiva. Sin embargo,  destacar las VPN como «barrera para la justicia», abre la puerta a posibles iniciativas legislativas que restrinjan, limiten o incluso prohíban su uso. Curiosamente, este fenómeno ya es un hecho en dictaduras muy asentadas como Venezuela o China, donde el uso de VPN se ha convertido en sinónimo de libertad.

Resulta paradójico que sean precisamente los que agitan la bandera de la diversidad, los mismos que persiguen sin tregua a los que piensan diferente. El delito de odio es la herramienta que necesitan para silenciarlos con ínfulas de legitimidad.

Luis Nantón Díaz